La quema de vehículos policiales y los actos terroristas son condenables, pero también lo es lo que podría ser la creación fraudulenta de un acto vandálico y terrorista para deslegitimar un acto democrático y recortar nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión.
De esta manera, el TC ha cambiado las reglas de juego, afectando no solo la seguridad ciudadana sino la lucha contra la corrupción, especialmente la corrupción política.