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LICITACIONES PÚBLICAS: No a la competencia desleal

17-08-2016 admin

A pesar de los esfuerzos de algunos y los discursos de otros, las compras estatales mantienen índices de corrupción alarmantes, lo que amerita tomar cartas en el asunto y enfrentar de una vez este gravísimo problema, reformulando el proceso de compra estatal con un enfoque marcadamente preventivo que permita optimizar la participación empresarial eliminando los direccionamientos de la corrupción.

Uno de los puntos estratégicos a desarticular es el direccionamiento para favorecer ilícitamente a empresas proveedoras, el cual se gesta desde el requerimiento de las áreas usuarias, en cuyos informes técnicos se consignan especificaciones técnicas injustificadas mediante las cuales se excluyen a las demás empresas del país que podrían aportar al Estado con bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio.

Revertir esta situación de inmediato resulta imprescindible a efectos de ampliar sustancialmente el universo de empresas proveedoras que puedan participar en las convocatorias, lo que permitiría mejorar los niveles de solvencia técnica y capacidad de abastecimiento efectivo de los postores, así como mejorar la relación calidad-precio de los bienes y servicios ofertados, reducir el número de procesos de compras nulos o desiertos, así como el número de compras sobrevaluadas, defectuosas e inservibles, todo lo cual aseguraría mejores niveles de ejecución del gasto público y optimizaría el logro de las metas institucionales, tan necesarias para el desarrollo y bienestar de todos los peruanos.

La lucha contra la corrupción no se agota con el acceso a la información sobre los procesos de compras estatales que aparecen en las publicaciones de cada entidad estatal y en las del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) existente en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como tampoco se agota en la Ley de Acceso a la Información Pública, ni en el acceso a los expedientes de contratación, en los que se pueden advertir muy fácilmente todas las irregularidades cometidas y las responsabilidades funcionales correspondientes, ni tampoco se agota en la implementación de más procesos de fiscalización ni en la incorporación de más auditores por parte de la Contraloría General de la República, y menos en las acciones legales que se inicien, pues además de que ya sabemos en qué acaban, todo ello es posterior a los actos de corrupción realizados y no conlleva recuperación económica significativa alguna.

Los mecanismos anticorrupción deben ser preventivos, es decir, deben poder neutralizar el acto corrupto antes de que se produzca, evitando perjuicios al país y fomentando el desarrollo de la actividad empresarial. Así, deben poder evitar el direccionamiento fraudulento que favorece sólo a empresas vinculadas con las redes de corrupción estatal, que tanto daño causan al país, y optimizar en forma realmente efectiva la compra pública tan necesaria para el desarrollo. Ello significa que es imprescindible rediseñar todo el proceso de compras en cada una de sus etapas para dotarlo de un sistema y mecanismos de prevención anticorrupción realmente efectivos, pues el actual es totalmente obsoleto para enfrentar significativamente las modalidades que emplea la corrupción en los procesos de compras que se convocan.

El Estado es el mayor comprador del país gastando aproximadamente 50,000 millones de nuevos soles en bienes, servicios y obras cada año, lo que pone de manifiesto la importancia de la prevención anticorrupción y que nada justifica escatimar esfuerzos para su implementación efectiva.